Lugares de trabajo de la
Cuarta Enmienda
Tu negocio y comunidad tienen derechos legales.
"Numerosos agentes federales implicados en arrestos por inmigración laboral desde enero de 2025 no se han identificado en su primer acercamiento ni al presentar una orden firmada por un juez."
Según la Cuarta Enmienda, los agentes de cualquier agencia deben presentar una orden de registro o arresto válida, firmada por un juez, que especifique el nombre y la dirección de la persona investigada. Esta orden es necesaria antes de que se les permita entrar en una zona privada de cualquier residencia o establecimiento.
Un lugar de trabajo bajo la Cuarta Enmienda:
Sabe que los agentes federales necesitan órdenes judiciales (no administrativas) para entrar en zonas privadas
Forma al personal para que haga valer sus derechos constitucionales durante las operaciones de registro e incautación
Protege a todos los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio
ICE y otras agencias federales están generando un miedo y confusión generalizados.
Nuestros lugares de trabajo pueden usar pasos sencillos para restaurar la confianza en los negocios locales como refugios.
Un lugar de trabajo de la Cuarta Enmienda utiliza protocolos legalmente revisados para:
✔ Identificar órdenes ICE inválidas
✔ Áreas privadas seguras para empleados
✔ Documentar acciones inconstitucionales
✔ Defender a todos los trabajadores, sin importar su estatus migratorio
Por qué
estamos luchando
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Los registros inconstitucionales en Alabama y en todo Estados Unidos están llevando a los trabajadores y lugares de trabajo a organizarse por sus derechos.
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Estas detenciones alteran las economías locales, provocando el cierre de negocios y dificultades económicas para las familias.
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Más de 30 millones de trabajadores nacidos en el extranjero y 48 millones de consumidores nacidos en el extranjero contribuyen significativamente a la economía, gastando 1,7 billones de dólares y pagando 652.000 millones en impuestos.
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Los registros ilegales amenazan la seguridad pública y ponen en riesgo una mayor erosión de los derechos constitucionales mediante la ampliación de las incursiones federales en la vida privada.